Pero sí, efectivamente, tengo un grave complejo de “malo de la película”… y es que, ¿se imaginan ustedes una película en la que el abogado de la industria química sea el héroe, al final gane y se quede con la chica?... ¿a que no?... pues eso.
El caso es que yo veo el fruto de mi trabajo, del trabajo que hacemos en AVEQ-KIMIKA, resumido en el vídeo que ilustra esta entrada, es esencialmente bueno y positivo. Algo de lo que podemos estar, ustedes y yo, muy orgullosos.
(Y... eso mismo, entre ustedes y yo: el vídeo es un pelín de “auto-bombo” del Gobierno Vasco, pero no se lo tengan en cuenta, están en su derecho que para eso es el vídeo es suyo y lo han hecho ellos, pero creo que explica bastante bien el trabajo que hemos hecho en la industria en los últimos 20 años y que el propio Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco no duda en reconocernos….).
Creo que este complejo, del que no termino de librarme, tiene su raíz en que una parte importante de mi labor con las empresas consiste en ser agorero. Consiste en ponerme en lo peor y decir a las empresas qué puede salir mal y qué medidas deben prever para evitarlo o, al menos, estar preparadas para actuar en consecuencia. Y no me refiero solamente a accidentes, que también, si no a cuestiones puramente derivadas de la normativa.
Venga, un ejemplo, que es de lo que se trata:
En un BOE de la semana pasada, además del nuevo reglamento de traslado de residuos entre Comunidades Autónomas, del que ya les hablaré largo y tendido porque tiene su miga, se ha publicado finalmente la esperadísima reforma del reglamento de la Ley de Responsabilidad Medioambiental y se ha terminado de enmendar un enorme dislate legal provocado, a partes iguales, por la ignorancia y por el afán de pintarse de verde de los políticos de nuestro solar patrio. Al menos en la parte que atañe a los requisitos administrativos absurdos.
La Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental fue publicada antes del nacimiento de este blog así que, no es exagerado decir que, desde su nacimiento, este agorero blog vino advirtiendo y alertando sobre un ámbito subjetivo de aplicación desproporcionado y lleno de requisitos administrativos absurdos.
Hoy, por fin, casi 7 años y medio después de su aprobación original, el panorama se ha aclarado y la obligación de evaluar los riesgos ambientales ha quedado acotada a un ámbito, digamos, más razonable.
En febrero subí una entrada sobre la situación de la norma y hablando, ¡agorero de mí!, del último borrador de lo que al final ha terminado siendo el Real Decreto 183/2015, avisaba sobre el lío que se iba a organizar si se publicaba tal y como estaba.
Y…. bueno, parece que alguien debió leer la entrada porque, sencillamente y para mi alivio, ese cuarto supuesto del ámbito de aplicación de la norma ha desaparecido de su versión final.
¿Entonces quiénes tendrán, finalmente, que hacer la evaluación de riesgos ambientales y presentarla al Gobierno Vasco?... pues, además de las balsas mineras, las empresas Seveso y las IPPC… sí, efectivamente, eso mismo pensé yo: las de siempre.
2 comentarios:
Hummm, veremos...
Dice el RD 183/2015: "No obstante, estas exenciones se establecen sin perjuicio de la necesidad de realizar el estudio previsto en el apartado 2.b) del artículo 37, en un plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigor de este real decreto".
¿De qué va ese estudio? Pues de actualizar la evaluación del potencial de generar daños medioambientales y el nivel de accidentalidad de las actividades del anexo III de la ley.
Es decir, se reservan el derecho d echar marcha atrás y volver a la carga. A ver por dónde salen en 2020 ya con un escenario económico (esperemos) más favorable...
Sí, por supuesto.... y también pueden sacar el RD 183/2016 y decir que harán la evaluación estos y estos... y además estos.
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