Todavía, no hace mucho, escuchaba a un veterano miembro de un comité de empresa de una fábrica referirse a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como “la nueva ley”. Tal fue el impacto de la norma, no se me asusten: hace ya 23 años y unos pocos días que entró en vigor, que a algunos todavía les huele a nueva.
No, no es porque no se aplique o porque haya sido ignorada, más bien al contrario. La revolución fue de tal calibre, que los veteranos todavía dividen su vida laboral en un antes y un después de esa ley, porque me consta que, ese veterano sindicalista es uno de esos delegados de prevención, formado y concienciado, que da gusto tener en la fábrica porque arrastra a la gente en pro de la prevención.
Uno de los cambios de filosofía que la ley introdujo fue el principio de que la seguridad y la salud de los trabajadores no es compensable con dinero. Si un trabajador, como consecuencia del desempeño de su trabajo, se ve expuesto a una situación de riesgo o a contaminantes que puedan perjudicar su salud más allá de aquello que pueda considerarse “normal”*, tanto que pueda llegar a considerarse necesario compensarlo económicamente, la obligación de la empresa es reducir esos condicionantes y, entre tanto, hasta conseguir dicha reducción, sencillamente el trabajo no podrá tener lugar.
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