Tengo la teoría de que, respecto a los trasteros, los armarios y el maletero de los coches, las personas somos como los gases: tendemos a ocupar todo el espacio disponible. Da igual lo grande que sea el trastero, si pasa el tiempo suficiente, estará lleno de cosas.
Hace un par de fines de semana, dedicamos un sábado en familia a ordenar el trastero y, con cada viaje que emprendía hacia el Garbigune (o “punto limpio”), más me preguntaba: ¿para qué hemos guardado esto 10 años...?
Una parte de mi familia vive en Holanda. Mi sobrina, una adolescente alegre y encantadora, siguiendo la costumbre local, hace unos meses puso a la venta una buena parte de sus juguetes viejos el día de la fiesta del cumpleaños del rey y, tras una dura jornada comercial, con el dinero que obtuvo por ellos, pudo renovar su viejo teléfono móvil, heredado de su madre.
Allá por noviembre del año pasado, mi hija y sus amigas, en una localidad cercana a Bilbao, participaron en un mercadillo solidario, similar a la costumbre holandesa, y dedicaron la mañana de un domingo de sol a preparar su puesto de venta y atender a sus clientes. Independientemente del fin solidario de la actividad e independientemente de sus bondades respecto a la Sostenibilidad, el hecho de que las niñas se preocuparan de organizar su "negocio", emprendieran, al fin y al cabo, y dedicaran la mañana a trabajar y esforzarse, ya mereció la pena.
Todo ello me lleva a pensar lo impreciso del concepto "residuo" y cómo, una rigurosidad normativa mal entendida, puede hacer ilegal una práctica social, ambiental y pedagógicamente magnífica. Claro, es teóricamente posible obtener las licencias necesarias para vender juguetes de segunda mano pero... ¿merecería la pena el esfuerzo?
Leía el otro día, en la revista Abogados del Consejo General de la Abogacía, un artículo de Jesús López-Medel, un diputado que, en su día, fue capaz de tener ideas propias, diferentes de las de su partido, en temas muy trascendentes y, ¡oh, gran pecado!... expresarlas... Lógicamente, según la lógica absurda de este país, ahora es ex diputado.
Hablaba López-Medel sobre algo sobre lo que ya les he aburrido yo alguna ves, la seguridad jurídica y la estabilidad normativa como valor en sí mismo, aunque muy centrado en el flaco favor que le hace al país, un gobierno con mayoría absoluta en las cámaras, aprobando leyes con toda la oposición en contra, sin molestarse en alcanzar consensos. Leyes que, probablemente sean modificadas en la siguiente legislatura.
La tesis básica sería, más o menos, que, por muy convencido que yo esté de que mis ideas son las mejores, al país le conviene más aplicar ideas, quizás no tan excelentes (desde mi punto de vista) pero compartidas por más gente y, por lo tanto, más estables en el tiempo.
Creo que alguien en la Comisión Europea debería leerse el artículo, que, si bien es cierto que dialoga mucho en cada revisión normativa, no escucha demasiado y, sobre todo, no entiende que la industria necesita estabilidad y coherencia normativa. A la industria, a la industria seria, la de verdad, la que crea empleo estable y de calidad, no le preocupa en exceso que la normativa sea exigente, siempre que sea igual para todos, pero necesita continuidad y no dar bandazos para que sus planes de inversión a 15, 20 ó 30 años se cumplan.
La Comisión ha puesto en marcha, otra vez, la máquina para revisar la Directiva de Residuos. Sí, otra vez. En esta ocasión para hacerla coherente con la gran apuesta estrategia europea por la Economía Circular.
¿Cómo piensa la Comisión que puede favorecer que unos procesos industriales aprovechen los subproductos de otros, algo que la Industria Química lleva 150 años haciendo y que recomendamos ajustar en los borradores de 2008? En mi opinión, esta vez, debería tener en cuenta nuestra opinión. Al menos más en cuenta de lo que la tuvo en 2008.
A estas alturas, es difícil que nadie, ni siquiera los más fervientes y radicales defensores del libre mercado, discutan la intervención de la Administración en el tráfico de residuos, pero una cierta flexibilización a empresas que han demostrado su compromiso y concienciación con certificaciones y verificaciones constantes, tampoco estaría de más.
Pero el problema esencial está en las imprecisas y móviles zonas fronterizas.
Como es lógico, una empresa que ha recorrido el duro camino para obtener una autorización de gestor de residuos, en general, aspira a cobrar por hacerse cargo de los deshechos de otras empresas. Es intrascendente si, tras procesarlos, obtiene una rentabilidad de ellos, su autorización de gestor le permite considerar que su trabajo ha operado el milagro de activar algo llamado "fin de la condición de residuo" y, entregando una ficha de seguridad si es un material peligroso y poco más, vuelve al mercado como si tal cosa.
También es cierto, que hay mercados de residuos (o no-residuos, según con quién se hable) por los que se ha pagado desde siempre.
Los catalizadores agotados de platino en los reactores de ácido nítrico valen un dineral y las empresas tienen cola en la puerta de gestores autorizados para hacerse cargo de ellos. No por ello dejan de ser un residuo. Sin embargo, los alquitranes subproducto derivado de la coquetización de la hulla, que también valen un dineral, se han vendido de siempre como producto sin mayor problema.
Por más vueltas que le doy al proceso de declaración de subproducto y a los reglamentos de fin de condición de residuo, menos entiendo que no volvamos a la lógica del mercado: si alguien está dispuesto a pagar por un material, una empresa legalmente establecida, con sus autorizaciones en regla, ¿por qué tanto empeño en ponerle puertas al campo?
Con demasiada frecuencia, materiales que se pueden reintegrar fácilmente en el proceso de producción, sin ningún riesgo especial para la seguridad y el medio ambiente, se clasifican como residuos. La clasificación de materiales valiosos como residuos disuade de posibles inversiones en prácticas comerciales que lo que buscan es optimizar la reutilización de esos recursos. Además, va en contra del principio de la Economía Circular.
Es esencial que los criterios de subproductos se definan de tal manera que los materiales secundarios de producción que sean utilizados posteriormente, sin que ello suponga ningún riesgo especial para la salud humana y el medio ambiente, no sean clasificados como residuos y no necesiten ningún tipo de declaración administrativa.
Pero, en todo caso, lo que seguro que ni la industria, ni el medio ambiente necesita, es que los criterios de subproductos estén abiertos a diversas interpretaciones por parte de las autoridades nacionales distintas, dando lugar a una inseguridad jurídica para las empresas que compiten en un único mercado.
A largo plazo, la Unión Europea debería pasar de un marco legislativo orientado al residuo a un marco legislativo orientado a los recursos, para mantener el valor de los materiales durante el mayor tiempo que sea posible Con este fin, los responsables políticos de la UE deberían evaluar en qué medida la definición actual de los residuos, y la dificultad administrativa para desclasificarlos como tales, está obstaculizando el desarrollo de una economía circular.
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Es esencial que los criterios de subproductos se definan de tal manera que los materiales secundarios de producción que sean utilizados posteriormente, sin que ello suponga ningún riesgo especial para la salud humana y el medio ambiente, no sean clasificados como residuos y no necesiten ningún tipo de declaración administrativa.
Pero, en todo caso, lo que seguro que ni la industria, ni el medio ambiente necesita, es que los criterios de subproductos estén abiertos a diversas interpretaciones por parte de las autoridades nacionales distintas, dando lugar a una inseguridad jurídica para las empresas que compiten en un único mercado.
A largo plazo, la Unión Europea debería pasar de un marco legislativo orientado al residuo a un marco legislativo orientado a los recursos, para mantener el valor de los materiales durante el mayor tiempo que sea posible Con este fin, los responsables políticos de la UE deberían evaluar en qué medida la definición actual de los residuos, y la dificultad administrativa para desclasificarlos como tales, está obstaculizando el desarrollo de una economía circular.
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