La adaptación de la industria europea a las prescripciones de la Directiva 96/61/CE de Prevención y Control Integrado de la Contaminación no ha sido un trámite más.
La norma es muy exigente en la gestión de las actividades pero lo es, casi más, en la cantidad y detalle de la documentación que es necesario remitir a las autoridades ambientales: todas las licencias ambientales de la actividad desaparecen y debe obtenerse un solo permiso global llamado Autorización Ambiental Integrada (AAI).
La norma de trasposición española, la Ley 16/2002, no ayudó precisamente a facilitar la situación. Aprobada con casi 3 años de retraso, tejió un complicado "encaje de bolillos" burocrático destinado a respetar las competencias de todos los entes administrativos que forman el complicado estado de la autonomías y que se olvidaba de la complejidad de la documentación que formaría ese expediente y de la eterna escasez de medios y personas de las autoridades ambientales.
Con estos mimbres y la decidida apuesta del Gobierno Vasco de no abandonar su tradicional apuesta por la meticulosidad y elevado nivel de exigencia en cada trámite así como su política de transparencia casi completa, ya adelantaban que el esfuerzo de empresas y Administración, de técnicos y funcionarios, iba a ser enorme.
Con el objetivo de minimizar esos riesgos, a partir de 2003, los sectores industriales fueron firmando acuerdos con el Gobierno Vasco. Con ellos se trató de adelantar en lo posible mucho trabajo
El proceso, que ya está prácticamente concluído, no ha sido ni mucho menos perfecto. Ahora toca reflexionar y valorar cómo mejorar y tras ese aprendizaje conjunto, industria-asociacines, mejorar el proceso para no repetir errores en el futuro.
La Ley IPPC señala la obligación de las empresas de renovar su AAI, como mínimo, cada 8 años. Estoy convencido que, para entonces, lo haremos mucho mejor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario